El caso Giordano Bruno y la credibilidad de la Iglesia católica
Cuatrocientos veinticinco años después de la ejecución en el Campo de' Fiori. Quien en el año 2000 mantiene la sentencia no puede refugiarse en otros tiempos. Con ello la pregunta deja de ser histórica y pasa a ser actual.
La Iglesia como el componente vivo más antiguo de la megamáquina, y la estructura de una mentira institucional que nunca se ha manchado las manos.
El 17 de febrero de 1600, Miércoles de Ceniza, fue quemado en el Campo de' Fiori de Roma un hombre al que antes le habían inmovilizado la lengua para que no pudiera dirigirse a los presentes. Tenía cincuenta y dos años, se llamaba Filippo Bruno, era de Nola, había tomado el nombre de Giordano como fraile dominico, había recorrido Europa durante años (Ginebra, Toulouse, París, Oxford, Wittenberg, Praga, Fráncfort) y en todas partes había terminado rompiendo con las autoridades del lugar. Pasó ocho años en las cárceles de la Inquisición romana, siete de ellos bajo interrogatorio. Se dice que al principal acusador, el cardenal Roberto Belarmino, más tarde canonizado, su ejecución le afligió toda la vida. Sobre el contenido de la acusación se discute hasta hoy, porque actas centrales del proceso han desaparecido o la Iglesia las mantiene bajo llave.
La memoria moderna ha canonizado a Bruno como mártir de la ciencia. Desde 1889 se alza en Roma su monumento en el Campo de' Fiori, un monje sombrío y encapuchado que mira sobre la plaza, convertida hoy en mercado. El monumento lo erigieron anticlericales, en su ira contra el papado, que acababa de perder los Estados Pontificios. Desde entonces el relato sigue una vía determinada: Bruno ardió porque enseñaba el número infinito de mundos habitados; la Iglesia quemó al científico; la Ilustración triunfó después de todos modos.
Este relato no es del todo falso, pero yerra en lo esencial. Bruno no era un científico en el sentido moderno. Era un filósofo del Renacimiento, un pensador hermético, un platónico tardío con elementos cabalísticos, un maestro del arte de la memoria y, probablemente, durante algún tiempo, un espía al servicio de Inglaterra. Lo que lo llevó ante el tribunal de la Inquisición fue también su doctrina de la infinitud de los mundos, pero los cargos centrales estaban en otra parte. Bruno había negado la Trinidad. Había negado la divinidad de Cristo: Jesús no habría sido Dios sino, según una de las formulaciones de la acusación, un mago hábil. Había rechazado la virginidad de María. Había declarado imposible la transubstanciación. Había rechazado la condenación eterna. Había enseñado la transmigración de las almas entre mundos.
Estos son los cargos que se conservan en el Sommario del Processo, hallado de nuevo en 1940. Afectan a lo que la teología llama el Depositum Fidei, el tesoro de la fe de la Iglesia, su núcleo dogmático. Bruno no fue quemado principalmente por considerar las estrellas soles lejanos. Fue quemado porque había negado el centro dogmático.
Estos hechos precisos no exculpan a la Iglesia. La agravan. Quien mantiene preso a un hombre durante ocho años, lo interroga y al final lo quema porque niega la Trinidad tiene un problema distinto de quien lo quema por una cosmología. Lo primero es la defensa de una doctrina por medio de la muerte. Lo segundo sería la confusión entre teología y filosofía natural. La Iglesia hizo lo primero, y en el año 2000, cuatrocientos años después, lo confirmó expresamente.
I. La declaración del año 2000
El 17 de febrero de 2000, cuatrocientos años después de la ejecución, el cardenal Angelo Sodano, entonces cardenal secretario de Estado y número dos del Vaticano, hizo una declaración. Calificó la ejecución de episodio triste y de muerte atroz. Expresó profundo pesar por el método. Y luego añadió que los inquisidores habían tenido el deseo de servir a la libertad y promover el bien común, y habían hecho todo lo posible por salvar su vida.
Ese mismo año se pronunció el cardenal Paul Poupard, entonces presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, en un simposio sobre Bruno organizado por los jesuitas. Sus palabras son precisas y merecen citarse: el pensamiento de Bruno sería incompatible con el pensamiento cristiano. Por eso no se puede ni se debe hablar de una rehabilitación, porque en el caso de Giordano Bruno no hay base para una operación hipotética de ese tipo, como la que tuvo lugar, por ejemplo, en el caso de Jan Hus y de Galileo Galilei.
Estas dos declaraciones no son casuales. Son la posición oficial de la Iglesia hasta hoy. Lo que dicen tiene una doble estructura. Primero: lamentamos el método. Segundo: no lamentamos la sentencia. No es una formulación descuidada, sino una doble afirmación cuidadosamente calibrada. Se renuncia al método porque al método se puede renunciar; se mantiene la sentencia porque la sentencia está ligada a la doctrina que todavía hoy se defiende.
Con ello el asunto llega a un punto en el que el habitual distanciamiento histórico ya no sirve. No se trata de aquellos eran otros tiempos, no podemos juzgarlo. La Iglesia del año 2000 juzgó el asunto, y en cuanto al fondo juzgó igual que la Iglesia de 1600. Solo cambió la forma en que juzga. La sentencia misma, Bruno fue condenado con razón, se mantiene. Lo que desaparece es la ejecución. Lo que queda es la confirmación del veredicto de culpabilidad.
Este es el punto en el que terminan todas las evasivas. La Iglesia que habla hoy es exactamente la misma Iglesia que quemó en 1600. No es otra institución con el mismo nombre. Es la misma institución con otros medios. Quien no lo ve no ha leído lo esencial de las declaraciones de Sodano y Poupard.
II. Por qué Galileo sí y Bruno no
En 1992, al cabo de 359 años, el papa Juan Pablo II declaró en un discurso solemne ante la Pontificia Academia de las Ciencias que los teólogos de la época habían cometido un error en el caso Galileo. La declaración fue comedida, pero fue una rehabilitación. Galileo, que nunca fue quemado sino que murió bajo arresto domiciliario, quedaba absuelto al cabo de siglos.
¿Por qué pudo ocurrir esto y no en el caso de Bruno? La respuesta que dio Poupard en el año 2000, que el pensamiento de Bruno era incompatible con el pensamiento cristiano, es la respuesta honesta, y merece un análisis. Dice que lo que afirmaba Galileo era compatible con la doctrina católica actual, o podía hacerse compatible; y que lo que afirmaba Bruno no lo es.
Esta respuesta es correcta. Galileo afirmaba que la Tierra gira alrededor del Sol. Esta afirmación toca la cosmología de la Biblia, que en varios pasajes presupone una visión geocéntrica del mundo, pero no toca el núcleo dogmático de la doctrina. En el caso Galileo, la Biblia pasó a ser reinterpretable por vía hermenéutica. A la cosmología se podía renunciar porque no era un centro dogmático.
Con Bruno es distinto. Quien absuelve a Bruno declara implícitamente que también en la doctrina de la Trinidad, en la cristología, en la doctrina de la Eucaristía y en la escatología pueden existir varias verdades junto a la católica. Eso no puede hacerlo la teología católica sin renunciar a sí misma. La Trinidad no es reinterpretable como el sistema solar. Está en el centro de lo que la Iglesia llama verdad revelada.
Este es el núcleo del problema, y no es un problema entre la Iglesia antigua y la nueva. Es la condición de continuidad de la institución. Bruno no puede ser rehabilitado porque sus herejías tocan lo que la Iglesia sigue enseñando hoy. La sentencia de 1600 debe confirmarse aunque se lamente el método; de lo contrario cae la identidad de la institución.
III. El brachium saeculare: cómo se mata sin mover la mano
Hay una característica de la práctica inquisitorial católica que la memoria moderna pasa por alto casi siempre, y que es central para entender la institución. Según su propia concepción, la Iglesia nunca ejecutó a nadie en toda su historia. Juzgó. La ejecución la entregó al brachium saeculare, el brazo secular.
Esta construcción no es inocua. Tampoco era una necesidad, sino una elección. La Iglesia habría podido ejecutar como otros tribunales de su época. No lo hizo porque el derecho canónico prohibía a los clérigos derramar sangre: Ecclesia non sitit sanguinem, la Iglesia no tiene sed de sangre. En su lugar, la Inquisición condenaba al hereje, lo excomulgaba, lo entregaba al tribunal secular y, en la fórmula de entrega, pedía expresamente que el brazo secular usara de clemencia y respetara la vida del condenado.
Esta petición era un código jurídico. Significaba lo contrario de lo que decía. El tribunal secular que hubiera tratado con clemencia a un hereje excomulgado, es decir, que no lo hubiera ejecutado, se habría hecho él mismo sospechoso de herejía. La petición de clemencia era la orden formal de ejecutar. Todos lo sabían. La fórmula servía únicamente para que la Iglesia mantuviera limpias las manos mientras ardía la hoguera.
No es una insinuación moderna. Es lo que dijeron abiertamente los teóricos de la Inquisición de la época. Francisco Peña (1540-1612), el comentarista canonista más importante del manual inquisitorial de referencia, el Directorium Inquisitorum de Nicolau Eymerich, dejó constancia expresa en su edición comentada, publicada a más tardar en 1578, de que la petición de clemencia era pura formalidad: servía, según las palabras de Peña, únicamente para que los inquisidores no dieran la impresión de consentir el derramamiento de sangre y no incurrieran así en la irregularidad canónica que les habría acarreado consecuencias en su carrera eclesiástica. Peña no era un crítico anticatólico. Era colaborador de la Inquisición romana. Explicó el mecanismo en un escrito interno, no destinado al público sino a los propios inquisidores.
En el caso de Bruno se aplicó esta fórmula. La sentencia del 8 de febrero de 1600 lo entregó a la autoridad secular con la petición habitual de que la pena se ejecutara con la mayor clemencia posible y sin derramamiento de sangre. Lo que se ejecutó fue la quema en vida. La fórmula por sí sola no la exigía: también la horca habría sido sin sangre y habría respetado la norma canónica. Que aun así fuera la hoguera no se derivaba del texto de la fórmula de entrega, sino de una lógica teológica propia que actuaba en segundo plano. A los herejes se los quemaba por tres razones que nada tenían que ver con la prohibición de derramar sangre. Primera: la aniquilación del cuerpo. La Iglesia enseñaba la resurrección de la carne; un hereje no debía poder resucitar, su cuerpo debía ser destruido tan por completo que no quedaran reliquias que después pudieran venerarse como reliquias de un mártir. Segunda: la anticipación del infierno. La hoguera era un espectáculo didáctico: los espectadores debían ver lo que esperaba en la eternidad a quien se desviaba. Tercera: la maximización del tormento y de la intimidación. La quema en vida era la forma de ejecución más prolongada, visible desde lejos, ruidosa, de un olor penetrante.
Los verdugos conocían esta lógica. Existía la práctica de estrangular antes de la hoguera al condenado arrepentido; se consideraba un acto de gracia que ahorraba el tormento más largo. Para los herejes impenitentes esa gracia no estaba prevista. En el caso de Bruno, explícitamente no: la lengua inmovilizada, que le impedía hablar a los presentes, es la prueba histórica de que debía entrar en el fuego plenamente consciente. Quien es estrangulado antes de la hoguera no necesita que le aten la lengua. También el verdugo sabía lo que tenía que hacer, y lo que precisamente no debía hacer. La arquitectura de la muerte estaba dispuesta de tal modo que la Iglesia, el gobernador y el verdugo cumplían cada uno su parte sin que ninguno tuviera que sentirse responsable del conjunto. Es la perfección de la externalización: incluso dentro de la ejecución la responsabilidad estaba repartida de forma que nadie tuviera que cargar con ella.
La fórmula citra sanguinis effusionem no era, pues, la razón de la hoguera. Era el camuflaje jurídico que hacía aparecer una elección de motivación teológica como un simple detalle canónico. La Iglesia no quería al hereje solo muerto: quería verlo arder, porque el fuego tenía un contenido teológico propio. La fórmula de entrega encubría esa elección bajo una petición de clemencia que todos los participantes entendían como lo contrario.
Bruno no fue quemado por la Iglesia, al menos formalmente. Fue quemado por el gobernador de Roma, después de que la Inquisición lo entregara a la jurisdicción secular. La Iglesia puede afirmar con plena corrección jurídica que no mató a nadie. Solo dictó la sentencia y, en una fórmula de entrega que parecía decir lo contrario, la forma de ejecución con fundamento teológico. Las manos quedaron limpias. Esto vale para Bruno, vale para los muchos otros que a lo largo de los siglos fueron ejecutados tras sentencias de tribunales eclesiásticos, y valdría para todos los que aún serían ejecutados si la Iglesia todavía dispusiera del brazo secular.
En los Estados Pontificios, sin embargo, desaparecía incluso esta externalización jurídica. Allí el papa era a la vez pastor supremo y monarca temporal. No existía un brazo secular independiente al que la Inquisición hubiera podido entregar a los herejes. El verdugo figuraba en la nómina papal. Las ejecuciones tenían lugar en las plazas de Roma, la capital papal, en nombre del papa como soberano temporal. Los actores que por la mañana, como inquisidores, entregaban al hereje al brazo secular eran por la tarde, en otro papel, el propio brazo secular: como cardenal secretario de Estado, como gobernador de Roma, como miembro de la comisión de justicia. Las mismas personas con dos vestiduras. En los Estados Pontificios el brachium saeculare no era una externalización, sino una autorreferencia. La Iglesia entregaba al hereje a sí misma y lo hacía ejecutar por su propio verdugo en sus propias plazas. Bruno fue quemado en 1600 en el Campo de' Fiori, que pertenecía a la ciudad de Roma, que pertenecía a los Estados Pontificios, cuyo soberano era el papa, por cuyo encargo había juzgado la Inquisición. Difícilmente puede construirse una autorreferencia más clara.
No es un detalle histórico. Es la arquitectura de la mentira institucional. Una institución que, según su propia imagen, nunca mata, pero que durante siglos da las órdenes que conducen a la muerte, puede afirmar después que nunca mató. Puede atribuir las hogueras a los gobernantes seculares. A los obispos e inquisidores implicados les reduce la culpa a una mera colaboración y en el año 2000 les certifica: «…habían tenido el deseo de servir a la libertad y promover el bien común, y habían hecho todo lo posible por salvar la vida de Giordano Bruno.»
Y la Iglesia, en su infinita bondad y sabiduría, puede pedir perdón a finales del siglo XX, en una pérfida escenificación de mea culpa, por lo que habrían hecho «hijos e hijas de la Iglesia», como si no hubiera sido la jerarquía la que dictó las sentencias. La institución Iglesia es y sigue siendo santa, pura e inocente. La culpa se minimiza de manera insoportable y se convierte en culpa personal de los inquisidores. Es interesante que en esta atribución de culpa se mencione, excepcionalmente y de forma expresa, también a las «hijas» de la Iglesia. ¿En qué habría consistido su culpa? No hubo inquisidoras. No hubo obispas. No hubo papisas. La jerarquía que dictó las sentencias era exclusivamente masculina. Las mujeres aparecen en la historia de la Inquisición en dos papeles: como sirvientas de los inquisidores, que cocinaban, lavaban y callaban, y como víctimas, sobre todo en la persecución de brujas, en la que la inmensa mayoría de los ejecutados fueron mujeres. Cuando en el año 2000 la Iglesia habla de «hijas» por cuyas faltas habría que pedir perdón, coloca precisamente a esos dos grupos entre los corresponsables: a las que participaron marginalmente junto a las verdaderas víctimas. Las brujas pasan a ser corresponsables de su propia hoguera. Eso no es reconocimiento de culpa. Es una segunda hoguera, hecha de palabras.
En los Estados Pontificios esta autoimagen era una ficción construida sin base jurídica; en los demás territorios europeos era una construcción de externalización jurídicamente eficaz. En ambos casos el resultado fue siempre el mismo: un muerto y una institución que afirmaba no haber hecho nada.
IV. La adaptación a una nueva relación de poder
Lo único que hoy le falta a la Iglesia es la posibilidad de hacer ejecutar sus sentencias. Ese es el balance sobrio. La actitud humanitaria, el pesar, los actos de mea culpa no son un progreso moral de la institución. Son la adaptación a un mundo en el que los brazos seculares ya no reaccionan a una señal de los obispos.
Esta observación no es cínica. Resulta de una prueba sencilla. ¿Cuándo dejó la Iglesia de quemar herejes? En 1826 tuvo lugar la última ejecución oficial de la Inquisición española: el maestro Cayetano Ripoll, ahorcado en Valencia por deísmo, porque la hoguera ya se consideraba bárbara. ¿Por qué cesó? No porque la Iglesia hubiera comprendido en el curso de la Ilustración que matar a quien piensa distinto es injusto. Cesó porque las constituciones liberales del siglo XIX le quitaron el derecho de poner en movimiento el brazo secular. En los Estados donde conservó el poder (España, Portugal, partes de Italia) la Inquisición siguió activa más tiempo. En los Estados donde perdió el poder, cesó.
La prueba más contundente la ofrecen los propios Estados Pontificios. Allí la Iglesia pudo matar tanto tiempo como quiso: era el soberano que pagaba a los verdugos. De 1796 a 1864 estuvo al servicio de los papas Giovanni Battista Bugatti, conocido en Roma como Mastro Titta. En sesenta y ocho años llevó a cabo, según sus propios registros, quinientas dieciséis ejecuciones por encargo de seis papas sucesivos: Pío VI, Pío VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX. Ejecuciones con hacha, soga, mazo y guillotina. En la Piazza del Popolo, en la Piazza di Ponte, en ciudades de provincia de los Estados Pontificios. Las víctimas eran bandidos, asesinos y, en la época de la Restauración tras Napoleón, sobre todo adversarios políticos: carbonarios, seguidores de Mazzini, patriotas italianos que luchaban por una Italia unida y laica y, con ello, contra el poder temporal del papa. Pío IX, el mismo papa que en 1854 elevó a dogma la Inmaculada Concepción y en 1870 la infalibilidad papal, jubiló a Bugatti en 1864 con una pensión. Su sucesor continuó el trabajo. La última ejecución en los Estados Pontificios tuvo lugar el 9 de julio de 1870 en Palestrina. Siete semanas después, el 20 de septiembre de 1870, las tropas italianas abrieron brecha en la Porta Pia y tomaron Roma. Así terminaron los Estados Pontificios. Así terminó también la práctica papal de las ejecuciones. Ambas cosas el mismo día, porque una era condición de la otra.
No es una historia de la Edad Media. Son fechas de finales del siglo XIX. En 1870 Bismarck estaba a punto de fundar el Imperio alemán, Estados Unidos llevaba cinco años libre de esclavitud, Italia se había unificado políticamente. Mientras toda Europa debatía la reforma del derecho penal en el espíritu de la Ilustración, la Iglesia católica seguía decapitando. No cesó por convicción. Cesó porque le quitaron el verdugo, junto con el Estado en el que trabajaba.
Eso no es reforma por convicción. Es adaptación por debilidad. Una institución que en quinientos años de persecución sistemática nunca renunció voluntariamente al medio de matar, que solo lo abandonó cuando se lo arrancaron de las manos, no tiene argumento alguno para afirmar que hoy es benigna por su propio desarrollo ético. Es benigna porque tiene que serlo. Sus representantes hacen declaraciones de pesar, y las hacen en un mundo en el que cualquier otra declaración los aislaría de inmediato. Lo que no hacen es lo que tendría que hacer una institución verdaderamente transformada: desligarse de las sentencias de sus predecesores y declararlas lo que fueron, una injusticia que clama al cielo. La Iglesia tendría que declararlo como institución, y no hacer responsables de la injusticia a individuos aislados.
V. La Iglesia como el componente vivo más antiguo de la megamáquina
Lewis Mumford describió en El mito de la máquina cómo la megamáquina, el sistema técnico a gran escala, jerárquico, orientado a la movilización total de personas y recursos, se hizo visible por primera vez hace unos cinco mil años en la construcción de las pirámides egipcias. Constaba de cinco elementos constitutivos que él llamó el pentágono del poder: poder, productividad, beneficio, prestigio, publicidad. Requería un sacerdocio que legitimara el conjunto como orden cósmico, un rey que encabezara el mando, una oficina de escribas que llevara la administración, un ejército que quebrara la resistencia y un mito que llevara a los participantes a someterse voluntariamente.
No es casual que la Iglesia católica sea reconocible en este esquema. Es la variante todavía en funcionamiento más antigua del elemento sacerdotal de la megamáquina, en su adaptación europea. Desde finales del siglo IV ha cumplido la función de aportar la legitimación religiosa de una pretensión de dominio total: primero en simbiosis con el Imperio romano, luego con el franco, luego con las monarquías europeas, después en competencia con los Estados nacionales nacientes y hoy en un complejo entramado con las estructuras globales. Es un poder propio, con diplomacia propia, banco propio, Estado propio, derecho propio. No es una religión entre otras. Es una gran estructura institucional con envoltorio religioso.
Fabian Scheidler describió en El fin de la megamáquina la historia de los últimos quinientos años de esta gran estructura. Muestra cómo la megamáquina europea desarrolló en la Edad Moderna temprana sus tiranías características: la tiranía económica de la acumulación, la tiranía ideológica de la apocalíptica, la tiranía militar de la guerra permanente, la tiranía política del poder estatal. En las cuatro la Iglesia católica desempeñó un papel constitutivo.
Fue y es gran terrateniente y prestamista a interés, esto último bajo denominaciones cuidadosamente elegidas, porque según el derecho bíblico (Deuteronomio 23,20-21) y según varios concilios medievales (Letrán II en 1139, Vienne en 1311) cobrar intereses se consideraba pecado mortal. La Iglesia misma no abandonó el negocio prohibido; le cambió el nombre. Lo que jurídicamente se llamaba census era económicamente interés. Lo que figuraba como damnum emergens o lucrum cessans, la compensación por la ganancia perdida, era también interés. Lo que los Montes de Piedad, las casas de empeño eclesiásticas, cobraban como tasa de administración era interés. Y lo que no podía reetiquetarse de este modo se dejaba en manos de los judíos, a quienes la Iglesia eximió de la prohibición del interés entre correligionarios con el argumento de que no eran cristianos, y a quienes al mismo tiempo cerró la mayoría de las demás vías de ganarse la vida, convirtiéndolos así en cuerpos extraños permanentes en su entorno. Es la variante económica de la misma arquitectura que en el brachium saeculare funcionaba para matar: lo prohibido se externaliza, las manos quedan limpias y después se señala a quienes lo ejecutaron.
Sin embargo, la fuente de ingresos más abundante de la Iglesia no fue el negocio del interés reetiquetado. Fue el miedo al infierno, avivado con celo, y el acceso sin trabas de los sacerdotes a los moribundos en su angustia del alma. El escenario teológico se construyó en la Plena Edad Media: el IV Concilio de Letrán, en 1215, hizo vinculante la doctrina del purgatorio; junto a ella estaba la doctrina de la condenación eterna, y junto a esta la administración monopolística de los sacramentos, considerados el único camino de salvación. Así se puso en marcha un modelo de negocio sin paralelo histórico, que funcionaba en dos niveles.
En el primer nivel pagaban los deudos. Quien tenía un difunto que no debía acabar en el infierno podía acortar su estancia en el purgatorio mediante misas por los difuntos, indulgencias, limosnas y fundaciones. La Iglesia era la única administradora de esas cuentas del más allá. Quien no pagaba dejaba a su propio padre, a su propia madre, a su propio hijo en un estado de dolor de duración indeterminada; así al menos rezaba la doctrina que los deudos tenían que creer. El comercio de indulgencias de la Baja Edad Media, en el que prendió la Reforma, fue solo la forma más ruidosa de este primer negocio.
El nivel más pérfido estaba en el propio lecho de muerte. Aquí no pagaban los deudos por los muertos. Aquí los moribundos transferían su patrimonio directamente a la Iglesia y se lo sustraían así a sus propios vivos. El sacerdote tenía en la habitación del moribundo un privilegio jurídico y sacramental. Oía la confesión, daba la Eucaristía, ungía al moribundo. Precisamente en esa hora, en la que el miedo al infierno era mayor y la voluntad más débil, se redactaban testamentos, se formulaban legados, se transferían tierras a la Iglesia. Los medievalistas estiman que una parte considerable del patrimonio inmobiliario eclesiástico de Europa, algunos hasta un tercio, procede de tales legados en el lecho de muerte. No fue por casualidad. Fue el resultado de un sistema en el que la Iglesia producía la doctrina (el infierno), ponía el personal (el sacerdote en la habitación del moribundo), monopolizaba los sacramentos (el único medio de salvación) y se encargaba de la ejecución del contrato (el testamento). Cuatro funciones en una sola mano, en el momento más sensible de una vida humana.
Lo decisivo es que este negocio no se abandonó cuando la Iglesia perdió poder. Sigue hoy en funcionamiento, solo que es menos visible. Las diócesis alemanas, las órdenes católicas, el Vaticano, Cáritas y otras organizaciones cercanas a la Iglesia promueven activamente la previsión mediante testamento, mantienen sus propios servicios de asesoramiento sobre herencias y forman a los párrocos en el trato con los moribundos. Lo que ha cambiado es el lenguaje: el miedo medieval al infierno se ha convertido en la preocupación tardomoderna por el sentido al final de la vida, por dejar una buena causa, por la espiritualidad en el morir. Lo que no ha cambiado es la arquitectura. El sacerdote o el capellán sigue teniendo acceso privilegiado a la habitación del moribundo. La institución sigue heredando a través de esos accesos. Los patrimonios se siguen transfiriendo en el lecho de muerte, en un momento en que los deudos a menudo no están presentes y no se enteran de lo que ocurre. El negocio central solo ha cambiado de envoltorio.
No es un fenómeno accesorio de una institución religiosa. Es estructura. Con su doctrina, la Iglesia genera el miedo que nadie puede resolver por sí solo; monopoliza la única salida; y cobra los patrimonios que se transfieren bajo la presión de ese miedo. En la Edad Media el miedo era el infierno, en el siglo XXI es el vacío de sentido al final de la vida, pero el mecanismo es el mismo. Es el negocio central de la institución desde la Plena Edad Media, sin interrupción.
Fue fuente ideológica del pensamiento apocalíptico, sin el cual la dinámica de conquista y aniquilación de la Edad Moderna no habría sido concebible. Fue coorganizadora militar de las cruzadas y de las guerras de religión dentro de Europa. Fue aliada política de prácticamente todas las monarquías absolutas de Europa.
Quien saca a la Iglesia católica del cuadro de la megamáquina no ha entendido el cuadro. No es un observador externo que acompaña críticamente a la megamáquina. Es su componente vivo más antiguo. Lo que en el pentágono del poder de la megamáquina de Mumford se entiende como sacerdocio adoptó en Europa la forma de la Iglesia romana. Ha desempeñado esa función sin interrupción desde finales del siglo IV hasta hoy: desde el Edicto de Tesalónica, con el que en el año 380 el cristianismo niceno se convirtió en la única religión permitida del Imperio romano, hasta el entramado global del siglo XXI. El papel de las religiones protestante y calvinista como componentes de la megamáquina es una historia aparte que excedería el marco de este ensayo.
De esta clasificación se deriva algo que se hace visible en el caso Bruno. La incapacidad de la Iglesia para anular la sentencia de 1600 no es un rasgo de carácter de una institución religiosa concreta. Es una característica constitutiva de todo componente de la megamáquina que funda su propia legitimidad en una verdad revelada o sacralizada. Quien administra la verdad no puede admitir errores en la verdad sin perder la licencia de administrarla. Quien decreta la muerte en nombre de la verdad no puede retirar la sentencia de muerte sin retirar la doctrina definida como verdad.
VI. La mentira institucional por excelencia
Lo que hace de la Iglesia católica un caso especialmente claro es la combinación de la duración de su historia, la rigidez de su doctrina y la refinada arquitectura del brachium saeculare, que le permitió cometer el crimen sin poner formalmente la mano.
Una mentira institucional no es la mentira de una persona. Una persona que miente puede retractarse. Una mentira institucional es un sistema de enunciados en el que la falsedad forma parte de la estructura. La persona que trabaja en la institución no miente personalmente; repite lo que la estructura le encarga decir. Así la mentira queda despersonalizada, es difícil de atribuir y se vuelve estable, porque no depende de la sinceridad de individuos.
La Iglesia católica es la mentira institucional por excelencia porque cumple en su grado más alto todas las condiciones de una mentira semejante. Dispone de una tradición de dos mil años en la que la mentira se ha consolidado. Tiene una doctrina que no puede reformarse sin disolver la propia institución. Tiene una arquitectura jurídica, el brachium saeculare, que le permite organizar el crimen sin aparecer formalmente como autora. Y tiene un lenguaje capaz de unir el pesar por el método con la defensa de la sentencia sin que la unión se perciba de inmediato como contradicción.
El crimen institucional por excelencia no es el crimen aislado. Es el dispositivo estructural que hace posible el crimen, lo protege de la persecución por otras instancias y después le da una forma que deja intacta a la institución en su inmaculada imagen de sí misma. La hoguera de Bruno es solo un ejemplo. El mismo patrón aparece hoy en los casos de abuso: autores individuales actúan en su propio interés, pero su actuación tiene a la vez causas estructurales que la Iglesia no aborda, y que no puede abordar sin cuestionarse a sí misma como institución. El mecanismo estructural que hizo posible la hoguera de 1600, la justificó durante cuatrocientos años y hoy la retira a medias sin anularla de verdad es el crimen estructural que perdura. No es solo el crimen de 1600. Es el crimen de 2026, del que el de 1600 es solo la manifestación históricamente más visible. La Iglesia se ha metido en una situación de la que ya no sabe salir, porque, haga lo que haga, es y sigue siendo cuestionable.
Quien encuentra difícil decirlo tiene una razón. La Iglesia ha gozado en la cultura occidental de una indulgencia especial que no se ha concedido a otras instituciones con un balance comparable. Quien denuncia crímenes de Estado (estalinismo, nacionalsocialismo, historia colonial) es escuchado. Quien denuncia crímenes eclesiásticos cae enseguida bajo sospecha de hostilidad a la religión, de anticlericalismo, de crítica cultural unilateral. Esta formación protectora forma parte de la mentira institucional. Se encarga de que la pregunta no pueda plantearse como habría que plantearla sin que quienes la plantean sean arrinconados ideológicamente.
VII. El balance, en síntesis
Bruno no es el único. Es el caso individual especialmente bien documentado, porque su proceso puede reconstruirse gracias al Sommario recuperado y su estatua en el Campo de' Fiori mantiene viva la memoria. Pero el diagnóstico de este ensayo (crimen sin manos sucias, defensa de la doctrina al precio de vidas humanas, pesar a medias sin anulación de la sentencia) se aplica a un complejo mucho mayor. Una revisión completa excedería este ensayo. Lo que sigue es una enumeración sumaria en la que cada caso se esboza en pocas frases y se nombra el punto estructural.
La quema de brujas, siglos XV a XVIII. La Iglesia católica sentó las bases teóricas de la persecución de brujas en Europa con el Malleus Maleficarum (1487) del inquisidor Heinrich Kramer y con la bula papal Summis desiderantes affectibus (Inocencio VIII, 1484). Las estimaciones hablan de cuarenta a sesenta mil ejecutados, en su inmensa mayoría mujeres. En honor a la verdad: la mayoría de estas sentencias las dictaron tribunales seculares, tanto en territorios protestantes como católicos, y la propia Inquisición romana juzgó los casos de brujería con relativa moderación. Pero la base teórica procedía de la Iglesia, y esta nunca ha pedido perdón oficialmente por estas muertes. El patrón se parece al de Bruno: se dictó la sentencia, se mantuvieron limpias las manos, el pesar se diluyó siglos después en el gesto general de mea culpa, sin que se rehabilitara un solo caso.
Las cruzadas, siglos XI a XIII. Ocho cruzadas numeradas oficialmente, además de cruzadas de niños y campañas de la Reconquista, con cientos de miles de muertos (musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos, herejes), y la cuarta cruzada, que en 1204 saqueó Constantinopla y debilitó con ello de forma decisiva el Imperio bizantino. En 2001, bajo Juan Pablo II, la Iglesia pidió perdón de forma general al mundo ortodoxo, pero nunca ha rechazado el concepto de cruzada como tal, nunca ha retirado un solo llamamiento a la violencia armada, nunca ha devuelto el dinero de las riquezas saqueadas.
Las guerras contra los herejes, siglos XII a XIV. La cruzada albigense (1209-1229) contra los cátaros del sur de Francia, con la aniquilación de toda una cultura y la muerte de decenas de miles de personas, según algunas estimaciones, aunque inciertas, de cientos de miles. La orden Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, atribuida al legado papal Arnaud Amaury en el asalto a Béziers (1209), es posiblemente apócrifa, pero lo que describe, la matanza indiscriminada de católicos y cátaros porque no se podía exigir a los soldados que los distinguieran, está históricamente asegurado. Ninguna rehabilitación, ningún reconocimiento de culpa.
La persecución de los judíos en el complejo de Letrán IV. El IV Concilio de Letrán de 1215, el mismo que hizo vinculante la doctrina del purgatorio, decidió también la obligación para los judíos de llevar ropa distintiva, su exclusión de los cargos públicos y su tratamiento jurídico como grupo aparte. Con ello quedó creada la plantilla teológica y canónica de siete siglos de práctica antijudía en Europa. En 1965, con la declaración Nostra aetate, la Iglesia revisó su actitud hacia el judaísmo. Pero no ha admitido que su propia doctrina entre 1215 y 1965 fuera un elemento constitutivo del antisemitismo europeo, sin el cual la dinámica de persecución de la Edad Moderna, incluida la Shoá, no habría sido concebible.
La historia colonial, siglos XVI a XX. Con la bula papal Inter caetera (Alejandro VI, 1493) la Iglesia repartió el mundo no europeo entre España y Portugal. Con la doctrina de la encomienda y la disputa teológica sobre las almas de los indios (Valladolid, 1550-1551) aportó las figuras argumentales de la conquista de América Latina, que fue acompañada de millones de muertos entre la población indígena. En África y Asia desempeñó papeles análogos. En 1992 la Iglesia acompañó el año de Colón con un gesto de mea culpa, pero nunca ha anulado formalmente la Inter caetera.
El banco vaticano, del siglo XX hasta hoy. El Istituto per le Opere di Religione, fundado en 1942, lleva décadas implicado en asuntos de blanqueo de dinero, mafia y corrupción. La muerte del banquero Roberto Calvi en 1982 bajo el puente de Blackfriars en Londres, la quiebra del Banco Ambrosiano, la implicación del arzobispo Paul Marcinkus, la primera condena de un cardenal (Angelo Becciu, condenado en 2023 a cinco años y medio de prisión por malversación, con la apelación en curso) no son una serie de casos aislados, sino la práctica estable durante décadas de una institución financiera que se sustrae a la supervisión ordinaria gracias a su estatuto especial.
El abuso sexual y su encubrimiento, siglos XX y XXI. Decenas de miles de casos documentados en todo el mundo y, según extrapolaciones como la de la comisión francesa de investigación CIASE de 2021, cientos de miles de víctimas, en Estados Unidos, Irlanda, Australia, Alemania, Bélgica, Chile, en la mayoría de los países católicos. El encubrimiento estructural (el traslado de los autores, la intimidación de las víctimas, las obligaciones de secreto) ha sido demostrado como sistémico en varias investigaciones estatales (Irlanda: informe Ryan 2009, informe Murphy 2009; Alemania: estudio MHG 2018). La Iglesia ha pagado indemnizaciones en algunas diócesis, pero no ha tocado el sistema de la posición especial del sacerdote que hizo posible la arquitectura del abuso: el celibato, el cierre jerárquico, la jurisdicción especial canónica, el secreto de confesión como protección de los autores. El hallazgo es exactamente el mismo que en el caso de Bruno: se lamenta el método, se defiende la estructura.
Estos siete complejos no son exhaustivos. Son una selección que muestra que el diagnóstico de este ensayo no se apoya en un caso aislado. Vale para un patrón. En cada uno de estos casos encontramos la misma arquitectura: la doctrina que legitima el crimen; la externalización de la ejecución a terceros o el encubrimiento mediante el secreto institucional; el medio pesar décadas o siglos después sin revisión de fondo; y la indulgencia hacia la institución por parte de una cultura que ataca con más dureza a otros grandes culpables. La Iglesia no es una institución que haya cometido errores. Es una institución cuya mecánica de errores es la condición estructural de su existencia.
VIII. Lo que queda
Sería un malentendido concluir de este diagnóstico que la Iglesia católica deba ser abolida por la fuerza o que sus miembros merezcan desprecio. Los miembros son, en su inmensa mayoría, personas que nada tienen que ver con la estructura institucional aquí descrita. Viven su fe por razones que nada tienen que ver con Bruno, con el brachium saeculare ni con el pentágono del poder. El diagnóstico se refiere a la estructura, no a las personas que viven en ella.
Pero el diagnóstico tampoco se refiere a menos que a la estructura. Dice que esta estructura no puede dar una respuesta honesta a una pregunta que ella misma ha planteado, la pregunta por la sentencia de Bruno. Dice que el fracaso de la respuesta no es casual sino estructural, y que lo estructural es el verdadero crimen. Dice que los representantes actuales de la institución no son benignos por razones morales, sino por falta de poder. Y dice que esta institución forma parte de una construcción mayor, la megamáquina, que lleva cinco mil años en marcha y cuyo componente religioso vivo más antiguo es la Iglesia.
La estatua del Campo de' Fiori, erigida por anticlericales en el siglo XIX, es hoy menos un monumento anticatólico que un memorial de algo más general. Representa la posibilidad de que una institución mate a un ser humano en nombre de una doctrina que ni siquiera cuatrocientos veinticinco años después está dispuesta a flexibilizar en esta cuestión. Representa el recuerdo de que tales instituciones existen, de que no salen de esta situación por sus propias fuerzas, y de que el pesar que expresan hoy es otra forma del mismo crimen.
Y representa una pregunta que no está grabada en la estatua, pero que está contenida en el asunto: ¿cuál de nuestras instituciones actuales se encontrará dentro de cuatrocientos años en la misma situación, la de haber hecho algo que debería lamentar pero no puede anular, porque la sentencia está ligada al núcleo de su doctrina? Quien se toma en serio esta pregunta ha entendido el caso Bruno sin tener que reducirlo a lo religioso. Y quien responde con honestidad ve que la megamáquina no es una historia antigua, sino la forma en que vivimos.
La Iglesia nunca ha matado por sí misma en toda su historia. Ha juzgado. Ha organizado la hoguera sin encender el fuego. Nunca se ha manchado las manos. Lo único que hoy le falta es la posibilidad de continuar el procedimiento. El pesar que expresa no es transformación. Es adaptación a la nueva situación.